La nueva Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece que todas las empresas que cuenten con 50 o más trabajadores, así como todas las Administraciones Públicas, tienen la obligación de establecer un canal de denuncias en un plazo no superior a tres meses.
Existen dos plazos para implantar un canal de denuncia depende de las características de cada organización:
- Junio de 2023: todas las empresas con una plantilla de más de 250 empleados y todas las organizaciones del sector público (a excepción de los municipios con menos de 10.000 habitantes), deberán tener implementado su propio canal de denuncias antes del 13 de junio de 2023.
- Diciembre de 2023: todas las empresas que cuenten con una plantilla de entre 50 y 249 trabajadores y los municipios con menos de 10.000 habitantes, deberán poner en marcha su canal de denuncias antes del 1 de diciembre de 2023.
Un canal de denuncias es una herramienta esencial del plan de Compliance, que permite identificar y denunciar irregularidades, malas prácticas o mala administración de una organización. Externalizar esta gestión implica mayor independencia, confidencialidad y garantías para el denunciante, y por lo tanto genera mayor confianza en el propio canal.